Ayer el diario El País abrió con el siguiente titular: “El PSOE registra su peor resultado”. Dicha afirmación, respaldada por un sondeo de Metroscopia, cifra la distancia entre los dos grandes partidos nacionales en nada menos que 18,8% en cuanto a intención directa de voto. Nada más echar un vistazo al gráfico dado, dos cosas llaman la atención: la espectacular bajada de casi 9 puntos en este mes de diciembre (la mayor de la legislatura) y que el PP, pese a la bajada del 20% del PSOE con respecto a las Generales de 2008, apenas ha aumentado en un 3% su intención de voto. En esta entrada, hablaré de la primera de estas dos cuestiones para intentar esclarecer uno de los motivos cruciales de esta bajada en las encuestas: la supresión de ayudas a los parados de larga duración; y, con vuestra ayuda, abrir el debate y la reflexión en torno a este tema de actualidad.
El motivo de no hablar de la inmovilidad del PP no responde a la desidia o la pereza, simplemente se trata de la historia interminable: las elecciones no las gana la derecha. Por el contrario, las pierde o gana la izquierda. ¿En función de qué? De lo que se abstenga el votante de izquierda. Da igual que el PP tenga imputados por corrupción por toda la geografía española, que aliente la inseguridad financiera contra el total de la nación, que carezca por completo de una alternativa al Gobierno o de una oposición constructiva. Da igual. Todo es bueno para el convento, y como dijo aquel lo mejor sería que Rajoy se durmiera y no despertara hasta 2012.
En cambio, la primera de las observaciones sí resulta interesante. Tras mejorar en 5 puntos en el mes de Noviembre, en parte gracias a la reestructuración del Gobierno, las cifras de intención de voto caen en picado en lo que llevamos de mes. Según el artículo, El País da como explicación el rechazo generalizado a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, siendo estas: el plan de privatizaciones (49% de AENA y 30% de Loterías y Apuestas del Estado), la reducción de impuestos (fundamentalmente a las PYMES) y la supresión de las ayudas a los parados de larga duración (La famosa ayuda de 426€), que dejará sin cobertura, según UGT, a casi un millón de desempleados.
El motivo de este cambio no es el de un supuesto giro a la derecha del Gobierno socialista, como algunos sectores afirman ante la impopular propuesta. Por el contrario, su análisis queda obsoleto sin atender al contexto en el que se desarrolla, sin ver el bosque que hay detrás de este árbol. Y es que el fin de la ayuda queda enmarcado en el plan de reestructuración de las políticas de empleo. Cuando hablamos de políticas de empleo distinguimos entre pasivas –básicamente subsidios de desempleo- y activas- contemplando estas la formación de parados, las bonificaciones a la contratación y la convocatoria de plazas públicas-. Sin embargo, dos son los problemas que adolece el sistema español de políticas de empleo, a saber:
- La descompensación entre políticas activas y pasivas: Atendiendo a los Presupuestos Generales del Estado para 2011, de la partida de 40.000 millones para políticas de empleo, 30.000 millones serán destinadas a políticas pasivas, mientras que para activas unos 7.500, un 5,5% menos que con respecto a 2010. Es decir, España gasta la mitad en PAE (Políticas Activas de Empleo) que Dinamarca.
- En cuanto a las partidas para formación, de los 7.500 millones, sólo 2.500 se destinan a formación (ya que la mayoría de los recursos acaban en forma de bonificaciones a la contratación). De esta cifra, 3 veces menos que el presupuesto de Austria en el mismo aspecto, tan sólo 1.000 millones son para formación directa. En números absolutos, del 4% de gasto del PIB en políticas de empleo, el 0,1% sería para formación de parados.
Es este panorama el que el Gobierno intenta paliar con la reforma. A nadie se le escapa que para fomentar la contratación y el empleo a largo plazo es fundamental el incremento en la formación de los parados y no bonificaciones que tan sólo crean empleo cortoplacista. Por ello, aparte de aumentar el número de desempleados con formación y de duplicar el presupuesto a las PAE, la reforma contempla que los servicios de empleo dejen de ser meros tramitadores de subsidios, convirtiéndose en agentes de oportunidad.
Sin embargo, la vida es dura y para cumplir con las directivas de la UE nuestro déficit tiene que llegar al 6% para 2011 y eso se traduce en dos salidas: disminuir los gastos o aumentar los ingresos. Si bien es discutible que el Gobierno se centre en la reducción del gasto y no en el aumento de los ingresos del Estado (aumento del IRPF a las rentas más altas, restitución del Impuesto sobre el Patrimonio, etc.), la realidad es que estamos ante uno de los presupuestos más limitados de la historia de nuestra democracia. Por tanto, si sumamos esta restricción a la necesidad de aumentar las políticas activas en detrimento de las pasivas, hallamos explicación a la supresión de la ayuda al desempleo.
En conclusión, una vez pasada la primera oleada de la crisis, donde sí que era del todo fundamental aumentar la cobertura y protección al desempleo, y una vez que ya se ha tocado fondo –a tal efecto, cabe recordar que la subida de paro del pasado mes es la menor en 12 años- no se trata de aumentar o disminuir el gasto de las políticas de empleo, si no de reestructurar las partidas de cara al medio plazo. Y como el dinero no crece de los árboles, hay que tomar decisiones valientes, aunque como socialistas nos cueste aceptarlas.